Al sector empresarial le corresponde proponer una escala de aumento del salario mínimo en el ámbito privado durante la sesión de mañana martes del Comité Nacional de Salarios, que no sería mayor a la planteada por el sector sindical de un 30 % ni menor a la sugerida por el Gobierno, de un 20 por ciento.
Los cálculos sobre inflación acumulada o la justificación de proteger a las Pymes, no deberían ser motivos esenciales para pretender castrar la posibilidad de un reajuste salarial que ayude a consolidar la capacidad de consumo de la clase trabajadora.
Las centrales sindicales están compelidas también a asumir suficiente madurez y comprensión de lo que significa incrementar mas allá de lo posible el sueldo mínimo, a sabiendas que tendría un efecto multiplicador en todas las escalas salariales.
Se sabe que en el sector privado no sectorizado operan cuatro tipos de salarios mínimos: el correspondiente a las grandes empresas (RD$24,990), las medianas, (RD$22,908), pequeñas (RD$15,351) y micro empresa (14,161), en todas las cuales el pago por ese concepto oscila entre el 10 % y el 15 % del costo de producción.
El presidente Luis Abinader anunció que el Gobierno propondría en el seno del Comité Nacional de Salarios un aumento para el nivel mínimo salarial equivalente a un 20 %, con lo cual el sector oficial renuncia a su rol de árbitro o componedor entre las partes.
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La Confederación Patronal incurriría en un error si mañana plantea una oferta de salario mínimo por debajo a la señalada por el mandatario, porque la escala que finalmente se apruebe debería oscilar entre esa propuesta y la expuesta por las centrales sindicales.
No debería olvidarse que el trabajador es también consumidor de bienes y servicios que producen o gestionan empresas y comercios por lo que un adecuado aumento salarial repercutiría positivamente en bien del sector productivo yen la economía.
Sin involucrar ningún otro tema de los que ya se discuten en el Congreso Nacional, los representantes de empleadores y trabajadores deberían acordar mañana mismo la fijación de un salario mínimo nacional justo, razonable, que estimule el consumo y la producción y que garantice la paz laboral, en el entendido que a nivel global se avecinan tiempos de tormentas.