El Conep (Consejo Nacional de la Empresa Privada) sintoniza con la corriente que reclama más controles sobre el patrimonio de los candidatos y los aportes que reciben para sus campañas proselitistas. El mismo criterio fue externado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (Anje).

Los empresarios, que en el pasado financiaban las jornadas proselitistas, quieren que en la reforma electoral se evite la posibilidad de que recursos ilícitos permeén la actividad política.

Con ese propósito, el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, consideró fundamental fortalecer el rol de la JCE como rector de los procesos electorales.

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El Congreso debe captar el sentir de los distintos sectores que abogan por una regulación más estricta y definida de los gastos de campaña, así como del rol de la JCE para sancionar las violaciones.

Se tiene que estar consciente de la realidad de que con la reforma no se llegará muy lejos si la JCE no es facultada no solo para organizar, sino para supervisar y sancionar las violaciones de las reglas de juego.

Los candidatos y los partidos no son dados a respetar ni siquiera obligaciones como la de rendir cuentas de sus ingresos y egresos financieros. Han estado siempre más próximo a la opacidad que a la transparencia, por lo menos en lo que a recursos respecta.