Está por ver si la JCE aplicará las sanciones contempladas por la ley a los partidos y precandidatos que incumplan la resolución que prohíbe los mítines, marchas y la publicidad externa durante la precampaña.

Esa resolución pone a prueba la autoridad de la JCE para regular los procesos, así como el respeto de los partidos a las reglas de juego.

El tribunal advierte a las organizaciones políticas que participan en un intenso proselitismo, que abstengan de violar la disposición.

Es inconcebible que la JCE tenga que recordar a entidades que luchan por la administración del Estado que el artículo 44 de la ley 33-18 prohíbe la celebración de eventos multitutidinarios como mítines, marchas y caravanas durante la precampaña.

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La ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos también prohíbe la colocación de vallas, afiches, pancartas y promoción a través de medios de comunicación como la radio y la televisión. A los partidos y candidatos se concedió un plazo hasta el 25 de este mes para que retiren la promoción que han colocado y cesar las promociones por medios electrónicos.

En el caso de los partidos la JCE advirtió la retención de los fondos que aporta el Estado. Ningún partido ni candidato puede alegar ignorancia. Sobra reconocer que el tribunal tiene que darse a respetar, aplicando sanciones sobre la violación de las normas, para evitar que la precampaña se convierta en un verdadero caos.