La Paz, (EFE).- El Gobierno interino de Bolivia espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “rectifique” un informe con “muchas imprecisiones” sobre lo ocurrido en el país, al considerar que “no se ajusta la verdad” en sus denuncias.

La canciller transitoria de Bolivia, Karen Longaric, se refirió en estos términos a un reciente informe de la CIDH, que llegó a un acuerdo con su Gobierno para crear un Grupo Independiente de Expertos Internacionales que ayude a investigar la violencia en el contexto electoral de septiembre a diciembre.

Longaric detalló a los medios en La Paz que el objetivo es que estos expertos analicen lo sucedido en el país durante todos esos meses, con los antecedentes y el desenlace del conflicto vivido.

El Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez reclama que la CIDH no analice solo la violencia durante octubre y noviembre, sino en un contexto más amplio. Bolivia vivió una de las crisis más graves de su historia reciente desde los fallidos comicios del pasado 20 de octubre, con episodios de violencia que dejaron al menos 35 muertos y 832 heridos según datos de la Defensoría del Pueblo.

La responsable interina de Exteriores de Bolivia destacó que la misión de expertos debe ser “in loco”, es decir, para estudiar sobre el terreno la situación de derechos humanos en todas sus circunstancias, antes de emitir un informe público.

La canciller transitoria aseguró que durante los casi catorce años de Evo Morales en el poder en Bolivia nunca se aceptó este tipo de misión con observadores internacionales, porque a su juicio el Gobierno anterior consideraba que conllevaba aceptar implícitamente que había violaciones de derechos.

La misión del grupo será investigar la violencia contra personas, organizaciones y autoridades, elaborar un análisis técnico para establecer responsabilidades penales y estudiar un proyecto de atención integral a las víctimas, explicó la CIDH en un comunicado.

EL INFORME DE LA CIDH

El informe que el Ejecutivo provisional considera sesgado es fruto de una visita de observación de la CIDH por “invitación del Estado” boliviano entre los pasados 22 y 25 de noviembre a cuatro ciudades de Bolivia, según esta entidad. El estudio califica de “masacres” las muertes de al menos 18 civiles por disparos en dos operativos militares y policiales el pasado noviembre, entre otras posibles violaciones de derechos humanos como “ejecuciones extrajudiciales”.

La violencia comenzó en Bolivia al día siguiente de los comicios en los que Morales fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo, entre denuncias de fraude a su favor. Un informe de la OEA del pasado 10 de noviembre advirtió de “graves irregularidades” en las elecciones y ese día Evo Morales anunció su renuncia y denunció un golpe de Estado para derrocarlo.

El país quedó sumido en el caos, con un vacío de poder hasta que dos días después la entonces senadora opositora Jeanine Áñez asumió la Presidencia de forma transitoria hasta la celebración de unos nuevos comicios. Una ley de urgencia anuló las pasadas elecciones para iniciar el proceso hacia una nueva cita electoral a comienzos de 2020, aún sin fecha.