El presidente chileno Gabriel Boric. Fuente Externa.
Chile.- Las declaraciones del presidente chileno Gabriel Boric sobre el juicio a un condenado por un robo a un banco al que indultó junto a 12 convictos por delitos durante el estallido social de 2019 ocasionaron el martes molestia en el Poder Judicial y el quiebre de las negociaciones sobre un acuerdo transversal de seguridad.
La liberación de los llamados “presos de la revuelta” fue un compromiso de campaña de Boric, pero como no logró los votos del Congreso para amnistiarlos optó por indultar a 12 el viernes último al igual que a Jorge Mateluna, un exmilitante de un grupo guerrillero que combatió por las armas a la dictadura de 1973 a 1990, condenado por el asalto a un banco en 2013.
Entre los delitos por los que fueron condenados los 12 estaban homicidio frustrado, incendio, porte y lanzamiento de bombas incendiarias y saqueos.
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El mandatario dijo que los 12 indultados no son delincuentes y sobre la condena a Mateluna afirmó la víspera que durante su juicio “hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”.
Las expresiones de Boric irritaron a la Corte Suprema que, tras una reunión extraordinaria de su pleno, recordó en un comunicado que la constitución dispone que son los tribunales de justicia los facultados para conocer las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado.
Ni el presidente ni el Congreso pueden “en caso alguno, ejercer funciones judiciales… revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones”, señaló la nota. Boric, en una nota leída más tarde en la sede de gobierno, respondió que “comparto plenamente el recordatorio que realizó la Corte Suprema” sobre la separación de los poderes del Estado.
“Con esta declaración espero dar por zanjada esta polémica dejando en claro que cada poder del Estado tiene el deber legal y constitucional de respetar las atribuciones del otro y eso es lo que nosotros hoy estamos haciendo“, concluyó el mandatario.
El senador Javier Macaya, presidente de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), llamó a Boric a “la prudencia en las declaraciones que se dan respecto a las atribuciones de otro poder del Estado” y agregó que la independencia de poderes es una “cuestión esencial” del funcionamiento de la democracia.
Por su parte, la Fiscalía Metropolitana Occidente, a cargo del caso de Mateluna, emitió una declaración en la que dijo que el hombre fue investigado por robo con intimidación, homicidio frustrado contra policías en servicio, porte y tenencia de arma de guerra y de arma de fuego común.
Agregó que Mateluna fue detenido en flagrancia -cometiendo el delito- y que la investigación “demostró su participación en calidad de autor en los mismos”.
La condena fue ratificada por la Corte Suprema. Los indultos, además, llevaron a la oposición a retirarse de la mesa de negociaciones por un acuerdo político transversal de seguridad en momentos en que el temor a la delincuencia figura entre las principales preocupaciones de los chilenos.
El pacto busca agilizar varios proyectos de ley relacionados con la delincuencia y el crimen organizado.
Diego Schalper, secretario general del centroderechista partido Renovación Nacional, señaló que nadie entendería la participación opositora en una mesa de negociaciones sobre seguridad mientras Boric “da señales erráticas de indultar a delincuentes”.
La mesa de negociaciones se interrumpe en momentos en que según cifras de la policía uniformada los delitos violentos aumentaron fuertemente en 2022 en comparación con el año anterior: hubo 822 homicidios, un 43% más que en 2021, mientras el robo violento de vehículos creció un 98%.
La policía añadió, sin embargo, que los delitos son inferiores a los ocurridos antes de la pandemia. La oposición derechista anunció que presentará una reforma constitucional para eliminar la facultad de indultar de los mandatarios.
