La primera señal de que la lucha contra la corrupción es hoy una prioridad mundial la ofreció el presidente Joe Biden, al proclamar que liderará “esfuerzos para promover la buena gobernanza y la transparencia en el sistema financiero tanto en Estados Unidos como a nivel global para impedir que los actores corruptos oculten sus actividades”.
También, la Oficina de Integridad Institucional (OII), dependencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reveló ayer que el año pasado emitió 51 sanciones contra empresas o personas por corrupción, colusión, fraudes financieros y otras prácticas indebidas en la ejecución de proyectos.
Cabe destacar que 31 de las empresas jurídicas o personas físicas sancionadas tienen su asiento social en Centroamérica, pero en el informe de esa agencia del BIB no se menciona ningún caso referido a República Dominicana.
El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) estima que la corrupción causa pérdidas en la región por unos 13 mil millones de dólares al año, equivalentes al 5% del PIB combinado de Costa Rica, Panamá, Guatemala, Nicaragua y Honduras.
La vicepresidenta Kamala Harris, viajó a Guatemala con el propósito de desalentar el flujo de migrantes ilegales hacia Estados Unidos, pero entre las soluciones planteadas figura un acuerdo para la conformación con asesoría de Estados Unidos de una Fuerza de Tarea contra la Corrupción.
El presidente Biden atribuyó a la corrupción la expansión de regímenes de fuerza en el mundo al señalar que ese flagelo “ataca los cimientos de las instituciones democráticas e impulsa e intensifica el extremismo”, por lo que relacionó su combate con la propia seguridad interior de Estados Unidos.
Ante tales indicios reflejados en proclama de Biden, las acciones puntuales en Guatemala de la vicepresidenta Harris y las sanciones promovidas por el BID, conviene que Gobierno, Ministerio Público, Orden Judicial, clase política y sector productivo, miren por la ventana el ciclón anticorrupción que ya se ha formado cerca del río Potomac.