Después de revelar que ha recibido denuncias sobre casos de corrupción en instituciones que operan en algunas provincias, el presidente Luis Abinader dispuso la creación por decreto de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción encargada de prevenir y perseguir actos de prevaricación.

Aunque no identificó las provincias desde donde se reciben denuncias sobre corrupción, el mandatario dijo que las acciones de esa comisión abarcarán “los niveles altos, medio y de contacto territorial”, al señalar que desde localidades del interior “es que estamos sintiendo las denuncias”.

La comisión presidencial, creada por el decreto 76-25 será coordinada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch, en tanto que la Dirección de Contrataciones Públicas, tendrá a su cargo la dirección ejecutiva, cuyo titular es el licenciado Carlos Pimentel.

Lo dicho por el jefe de Estado, sobre denuncias de irregularidades administrativas en instituciones provinciales, indica que al menor descuido el cáncer de la corrupción puede hacer metástasis en el tuétano del Gobierno y del Estado, que incluye ayuntamientos, juntas municipales y otras dependencias públicas centralizadas o autónomas.

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La comisión implementará, según el decreto, estrategia de prevención, transparencia, acceso a la información, transparencia, auditorias y recuperación de activos, medidas que desbrozan malezas para que el Ministerio Público proceda a identificar y someter a la justicia a funcionarios o empleados amigos de lo ajeno.

Tal parece que la nueva entidad tendría jurisdicción a nivel nacional y autoridad para identificar dinero, inmuebles y muebles generados por la comisión de actos punibles en lo que se encarten a servidores públicos, lo que ofrece una oportunidad para complementar la misión de los fiscales.

Si bien es cierto que el anuncio sobre la conformación de esa comisión vino con la revelación que hizo el mandatario de que ha recibido denuncias sobre corrupción en dependencias provinciales, se advierte que el Presidente subrayó que en materia anticorrupción “tenemos que ir a los niveles altos, medios y de contacto territorial”.

Toda iniciativa que ayude a cercenar las cabezas de la hidra de la corrupción, es bien recibida, aunque sería frustratorio que esa nueva entidad se convierta, como muchas otras, en escaparates decorativos o solo sirva de calmante para aliviar la indignación ciudadana ante el auge del peculado. Todo aquel que incurra en prevaricación tiene que ir con sus huesos a la cárcel.