La Junta Central Electoral (JCE) ha dado un buen paso al designar una comisión para investigar la supuesta utilización de recursos públicos para sonsacar a alcaldes opositores.
A diferencia de los tiempos en que el tribunal imponía su criterio a los partidos, con la decisión sus actuales miembros por lo menos escuchan las denuncias y quejas de los actores del sistema.
Se tenía entendido que había sido por mero oportunismo que alcaldes opositores han emigrado al PRM, mientras de otros se dice que esperan el momento indicado para dar el paso.
Sin embargo, el PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, que han sufrido la emigración de alcaldes y regidores, aducen que la decisión es bajo presión y con el uso de los recursos públicos.
En ese sentido es obvio que la oposición tiene que aportar todos los elementos que ayuden a comprobar que se emplean fondos públicos para estimular el transfuguismo.
De comprobarse se estaría ante una violación de las leyes por partida doble. La investigación debe ser lo más amplia posible, sin dejar cabo suelto, para que la decisión no quede como un simple protocolo para guardar las apariencias.
