SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) calificó este martes como insostenible la resolución que dispuso la libertad bajo fianza del empresario Ángel Rondón y del exministro de Obras Pública, Víctor Díaz Rúa, imputados en el caso de los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado a cambio de asignaciones de obras del Estado.
Por tal razón, el Ministerio Público abogó porque los jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia revoquen la resolución del juez de la instrucción especial Francisco Ortega Polanco, mediante la cual se dispuso la libertad de ambos imputados, mediante el pago de sendas fianzas, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Las consideraciones del Ministerio Público fueron emitidas esta mañana durante el conocimiento del recurso de apelación que la Procuraduría General de la República interpuso contra la resolución que dispuso la libertad de dichos imputados.
El Ministerio Público consideró que el juez Ortega Polanco no motivó su decisión, ni tomó en cuenta los presupuestos de los imputados.
Dijo que el juez no respondió a los requisitos de las partes y se abocó, sin justificación alguna, a simplemente ordenar la puesta en libertad de los imputados.
La audiencia se inició a las 9:53 de la mañana, con la subida a estrado de los jueces Miriam Germán Brito, Frank Soto, Hiroito Reyes, Alejandro Moscoso Segarra y Esther Angelán Casasnovas.
Se trata de los mismos jueces que hace poco entendieron que no había méritos suficientes para poner a libertad a los citados imputados.
Con el recurso, la PGR persigue que sean retornados a prisión Rondón y Díaz Rúa, bajo el alegato de que estando sueltos entorpecerían el proceso investigativo.
Los imputados retornaron por segunda vez a la Cámara Penal de la SCJ, siendo la primera el 08 de julio de este año, cuando el tribunal ordenó el mantenimiento en prisión de ambos, tras rechazarles los recursos de apelación que interpusieron a través de sus abogados Juan Antonio Delgado, Pedro Balbuena y Miguel Valerio.
En esa ocasión, el tribunal integrado por los jueces Miriam Germán Brito, Frank Soto, Alejandro Moscoso Segarra, Hiroíto Reyes y Esther Agelán Casasnovas, dispuso la libertad de seis de los 10 que en ese entonces tenían medidas de coerción. Luego el número de imputados con medidas de coerción se elevó a 11, con la presentación del ingeniero Bernardo Castellanos de Moya.
