Editorial

¿Cacería de brujas?

¿Cacería de brujas?

La creación de empresas offshore en mentados paraísos fiscales de América Latina y Estados Unidos no supone en sí misma una violación a las leyes dominicanas, aunque en ocasiones son usadas para ocultar capitales opacos o evadir obligaciones fiscales.

El jurista Francisco Álvarez, experto en ese tipo de sociedades, las compara con un martillo, que se adquiere para machacar clavos, aunque a veces es usado como arma homicida, con lo que se quiere decir que no constituye ningún crimen instituir una o varias empresas de ese tipo.

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), revela que 350 líderes mundiales, entre los que se incluyen a 14 latinoamericanos, operan empresas en paraísos fiscales.
El presidente Luis Abinader, mencionado en esos papeles, dijo que una de las empresas constituidas en Panamá controla una propiedad familiar en la zona de La Romana y la otra sustenta acciones correspondientes a seis empresas familiares, incluida la Universidad O&M.

La ex vicepresidenta Margarita Cedeño, aclaró que, en su condición de abogada privada, cuando aun no era funcionaria pública, constituyó una compañía en el extranjero, a pedido de un cliente, pero cuando asumió funciones oficiales solicitó cerrarla, a lo que accedió su propietario.

Dos senadores y un funcionario son mencionados como operadores o titulares de empresas constituidas en países con ventajas fiscales, quienes expondrán sus respectivos argumentos o justificaciones, con los que intentarán vencer o convencer en torno a propósito o intención.

Queda claro que constituir una compañía de ese tipo no constituye un crimen o delito; que los abogados están facultados a formar y tutelar ese tipo de sociedades por mandato de su cliente, aun cuando las acciones de esas empresas se consignen al portador.

Si alguna persona física o jurídica cree tener evidencias sobre manejo de capitales ilícitos o violación al Código Tributario, debería aportarlas al Ministerio Público, pero es indecente desatar una cacería de brujas por razones políticas o corporativas.

El Nacional

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