El desenlace de la crisis política haitiana se oscurece cada día más. Mientras el primer ministro Ariel Henry se aferra al poder, la oposición, la sociedad civil y organizaciones populares insisten en que debe cesar en sus funciones conforme a la Constitución.

El 7 de este mes, cuando se cumplieron siete meses del asesinato del presidente Jovenel Moïse, culminaba el periodo para el cual fue electo.

Ese plazo, dicen los opositores, aplica también para Henry, quien sustituyó a Moïse tras su muerte.

La crisis se agrava porque fue el Senado haitiano el que designó un presidente provisional en sustitución de Henry, quien para complicar más su situación ha sido mencionado en reiteradas ocasiones en el complot que culminó con el asesinato de Moïse.

Como una salida para ganar apoyo a su gestión Henry anunció una conferencia de donantes internacionales para las reconstrucciones del sur de Haití tras los daños causados por el terremoto del 14 de agosto de 2021.

Pero la oposición insiste en que tiene que entregar el poder, en tanto las movilizaciones populares, acompañadas siempre de una carga de violencia, comienzan a registrarse en la capital y otros puntos del territorio.

De no darse una mediación internacional, el horizonte es difuso. Además de la crisis económica y sanitaria el pulso de poder en Haití no solo tiene las leyes como telón de fondo, sino las implicaciones de Henry, que ha negado, en el asesinato de Moïse.