El Ministerio de Educación (Minerd) y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) están compelidos a revisar su interpretación de la ley para terminar con los continuos escándalos sobre adjudicaciones de contratos mediante licitaciones denunciadas como irregulares por propios suplidores, en muchas de las cuales, el Estado resulta perjudicado.
Se han convertido en costumbre las denuncias de suplidores del desayuno y almuerzo escolar sobre discrimen o privilegio en los concursos que realiza el Inabie para asignar raciones de alimentos que deben entregar empresas adjudicatarias en los diversos planteles escolares.
En cuanto al Minerd, se denuncia que a más de año y medio de licitar las compras de equipos tecnológicos destinados a estudiantes y profesores en el año escolar 2021-2022, unas 30 empresas no han entregado las mercancías, pese a que recibieron un adelanto de 280 millones de pesos.
El programa televisivo El Informe con Alicia Ortega reveló que de dos licitaciones declaradas de urgencia, las empresas favorecidas sólo entregaron una, el 79.21 % de los equipos requeridos, en tanto que en el segundo caso faltó un 44 %, aunque los incumplidores no han devuelto el dinero entregado.
Suplidores tradicionales del desayuno y almuerzo escolar han denunciado que las licitaciones que efectúa el Inabie han estado dirigidas a beneficiar a grupos específicos, por lo que han advertido sobre el riesgo de que los alimentos que se servirían en las escuelas serían de mala calidad e insuficientes.
El gobierno garantizó de manera absoluta al Minerd y al Inabie el dinero del 4 % del Producto Interno Bruto dirigido al sector educativo, pero aun así los resultados de los años lectivos correspondientes a la pandemia no resultaron ni mínimamente satisfactorios, menos aún los programas de desayuno y merienda escolar.
Lo que se ha producido literalmente ha sido una lluvia de escándalos sobre las licitaciones promovidas por el Ministerio de Educación y el Instituto de Bienestar Estudiantil, que en términos prácticos representan los desperdicios de decenas de millones de pesos y dólares.
Por enésima vez se reclama a ambas instituciones oficiales que cuelen su café como manda la ley, sin espacio a quejas ni denuncias, mucho menos a noticias tan infortunadas como la que refiere que 280 millones de pesos están en manos de 30 empresas adjudicatarias que a más de 18 meses no han entregado ni un solo de los equipos requeridos.
