Editorial Opinión

Millones a la hoguera

Millones a la hoguera

No basta con el lamento de que en una nación con tantas necesidades y un sistema educativo tan deficitario llora ante la presencia de Dios que se tengan que incinerar útiles escolares cuya adquisición rondó los 100 millones de pesos.

Menos todavía cuando según el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro, los materiales fueron importados dañados hace 12 años desde China. Si algo se impone es iniciar una exhaustiva investigación para establecer responsabilidades sobre una operación con todas las características de estafa.

Dice Castro que por las malas condiciones de los uniformes, mochilas y zapatos el encargado del almacén en el Distrito Industrial de Santo Domingo Oeste (Disdo), cuyo nombre no reveló, se había negado a dar entrada a los útiles.

Sin embargo se habría visto compelido a recibirlos por supuestas órdenes superiores.

Desconsuela que el director del Inabie haya puesto en primer plano el proceso para incinerar los materiales y al mismo tiempo no anunciar una pesquisa para aclarar todo lo relativo a la compra de los útiles dañados.

Al dar cuenta de la operación Castro ha asumido como bueno válido que se tenía conocimiento de que los zapatos, uniformes y mochilas llegaron en mal estado al almacén del Disdo.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que ha sido tan beligerante con las denuncias de las malas condiciones de los planteles, escasez de aulas y carencia de materiales educativos debe ser la primera en exigir a las autoridades de Educación que se investigue la operación sobre esos útiles que tendrán que incinerarse.

Se trata, según el director del Inabie, de 150 mil pares de zapatos valorados en 40,121,310,431 millones de pesos; 74,431 pantalones, con un costo de 23,222.472, y 1,410 mochilas en las que se invirtieron 899,811.00.

Con ese dinero son muchos los problemas que se resuelven en las escuelas e incluso da hasta para mejorar las condiciones de trabajo de los maestros. Sería otra contribución con la impunidad que no se aclare el caso.

Y más doloroso todavía cuando se contempla cargar a la población con nuevos impuestos para afrontar necesidades precisamente como las que tiene el sistema educativo.

El Nacional

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