Aunque ya se ha puesto fecha para dar a reconocer los resultados, la comisión de diputados que investiga la crisis en la Cámara de Cuentas tiene que cuidarse para no festinar el proceso.

Destituir a los miembros del pleno, que ya cumplieron el período para el cual fueron elegidos, no deja de ser una fórmula que la comisión tiene a las manos, pero tiene que evaluarse si sería la más conveniente.

A pesar de la confrontación y las acusaciones, el conflicto no parece que sea personal ni que todos los miembros tengan el mismo grado de responsabilidad en la crisis.

Solo los responsables tienen que cargar con las consecuencias de sus actos, lo que significa que a todos no se les puede medir con la misma vara.

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Por las características el conflicto en el órgano fiscalizador no es personal, sino estructural.

La comisión de diputados no debe caer ni en teatralidades ni en una solución salomónica o gatopardista.

Además de interrogar a los miembros hay que examinar todos los elementos no solo para superar la crisis, que va mucho más allá de lo aparente, sino para evitar que se repita.

Amén de tener en cuenta lo que significaría en la presente coyuntura la destitución y el proceso de selección de un nuevo pleno.