Santo Domingo.-La Cámara de Cuentas apoderó el martes al Tribunal Constitucional de una acción de conflicto de competencia contra el Ministerio Público, representado por la Procuraduría General de la República acusándole de violar su autonomía funcional.
Asimismo, piden a la alta corte que declare que es competencia exclusiva de la Cámara de Cuentas “determinar lo relativo a los tiempos, forma y calendarización de los controles externos de las cuentas generales y particulares del Estado”.
La instancia, suscrita por los juristas Eduardo Jorge Prats, Julio Cury y Francisco Franco, consigna que el Ministerio Público invadió la potestad de autogobierno, organización y planificación de las políticas de control externo de la Cámara de Cuentas.
Agregan que los artículos 9, 10, 19, 33 y 34 de la Ley 10-04 prevén como competencia exclusiva, discrecional y soberana de dicho órgano determinar las entidades a las que someten a su control, y que esa potestad apenas admite una excepción en el artítulos 250.5 de la Constitución, que es la realizar investigaciones especiales –no auditorías- a requerimiento de una o ambas cámaras legislativas.
En la misma instancia apuntan que la intromisión del Ministerio Público en su esfera competencial “subió peligrosamente de punto” al requerirle documentos internos, tales como audios de sesiones de pleno, cartas de gerencias emitidas, informes de levantamiento del trabajo de campo de las auditorías realizadas, lo que en opinión de la Cámara de Cuentas perseguía vaciar de contenido su autonomía funcional y desconocer que el artículos 35 de la Ley 10-04 dispone que las evidencias por ella recopiladas, una vez finalizada la auditoría o investigación especial, deben permanecer en sus archivos a cargo de la unidad responsable de la administración y custodia de los mismos.
Dicen que los despropósitos del Ministerio Público estuvieron en todo momento “imantados por la aguja de su capricho autoritario”, y que para lograr que cuajaran en realidad, construyeron la falsa teoría de que los miembros de la Cámara de Cuentas no cooperaban para sorprender en su buena fe a la jueza María G. Garabito y obtener de ella la orden de allanamiento mediante la cual “coronaron la masacre institucional promovida por el fulgor sedicioso y fanático de la PEPCA”.
