Quiero reiterar, para que nadie se confunda, que no habrá impunidad para la corrupción del pasado”, proclamó el presidente Luis Abinader en su toma de posesión. Las palabras, que todavía resuenan, constituyen una declaración de buenas intenciones para castigar flagelos que tanto han lastrado el desarrollo de la nación.

El compromiso adquiere más relevancia con la advertencia de que no va a tolerar ningún acto de indelicadeza, y mucho menos de malversación de los recursos públicos en su Gobierno. “El funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia”, subrayó.

Hay muchas razones para confiar en el compromiso de Abinader, pero sin dejar de reconocer que la prédica contra la corrupción y la impunidad ha sido una constante en todos los gobernantes desde el ajusticiamiento del dictador Rafael L. Trujillo hasta la fecha.

En el presente caso, entre los factores que más lo avalan están las designaciones de la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch en la Dirección de Ética, una posición que puede verse por debajo de su jerarquía social y política, y de la exjuez de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, en la Procuraduría General de la República.

Pero en lo que respecta a la corrupción del pasado es obvio que no se puede actuar a la ligera, solo para satisfacer el morbo de los sectores que quieren ver sangre o una cacería contra los funcionarios de pasadas administraciones, sin importar los reales motivos de sed de justicia. La Cámara de Cuentas, que no puede estar más desacreditada por la irrelevancia en que ha caído, está llamada a jugar un papel fundamental con las auditorías que se le han solicitado para determinar si en las instituciones se cumplieron con los procedimientos contables y legales en la administración de los recursos financieros.

De esas investigaciones dependerán en gran medida las acciones judiciales que pudieran incoarse como ejemplo de la cruzada contra la corrupción y la impunidad del pasado.
Los actuales funcionarios han reclamado auditorías de sus instituciones.

Y múltiples han sido las denuncias de alarmantes escándalos de corrupción que no se han aclarado. Los más sonoros, pero en modo alguno los únicos, han sido los sobornos de Odebrecht para la construcción de varias obras y las plantas a carbón de Punta Catalina. También han abundado las querellas sobre enriquecimiento cuyo proceso la gente quiere que se transparente.

Son desafíos frente a los cuales la Cámara de Cuentas tendrá que actuar, sin olvidar que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos pueden rastrear cuentas y bienes que simplemente consideren sospechosos.

Por: Luis Pérez Casanova
luispc04@gmail.com