El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surum Hernández, denunció esta mañana la privatización de la emisión de pasaportes por parte de la Dirección General de Alianzas Público-Privada, la cual sería entregada a empresarios haitianos a través de la empresa GB Group, quien en el 2012 adquirió los activos de Chevron Texaco en República Dominicana.
Calificó igualmente como muy grave que dicha privatización se realizara con un financiamiento mediante un fideicomiso del Banco de Reservas por el monto de los US$107,000,000.00. Añadió que la supuesta operación atenta contra la seguridad y soberanía nacional.
Surún Hernández visitó el Tribunal Superior Administrativo junto a una comisión de abogados, donde solicitó la nulidad de la privatización de la emisión de los pasaportes dominicanos, la cual se realizó mediante la resolución 04-2023, de fecha 23 de febrero del 2023, emitida por la Dirección General de Alianzas Públicas y Privadas.
“Es por ello, que lamento que se atente contra la soberanía e identidad nacional al entregársele a extranjeros la facultad de identificar quien o no merece el documento dominicano”, sostuvo.
Aseguró que Chevron Texaco República Dominicana es propiedad de Gilbert Bigio, un supuesto socio de un asesor empresarial del Poder Ejecutivo.
El presidente del CARD consideró que dicha privatización se realizó supuestamente de manera ilegal y fraudulenta.
Durante su visita al Tribunal Superior Administrativo, Surum Hernández aseguró que esa resolución es inconstitucional y fraudulenta porque se podría entregar a empresarios haitianos el control de la emisión de Pasaportes y Datos Biométricos de dominicanos, lo que según él representa un grave atentado a la seguridad nacional.
El gremialista reveló que resulta sospechosa la supuesta crisis que meses atrás hubo en la Dirección General de Pasaportes por la falta de libretas para la emisión del documento, lo cual podría ser intencional para justificar la privatización, máxime cuando la empresa MIDAS DOMINICANA, S.A., suplidora de las libretas, resulta adjudicataria de la privatización.
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Señaló que otro elemento que es cuestionables es que, no solo dicho proceso de privatización se realizara con una inversión aportada por el Banco de Reservas en su totalidad, mediante un supuesto fideicomiso, sino que además dicha empresa se quedaría con el 90% de los ingresos brutos generados por dichas operaciones de emisión de pasaportes, en un claro atentado contra los intereses del Estados, pues quien busca el dinero es el Estado, que solo recibe el 10% del negocio, aseguró el jurista.
Dijo que los empresarios haitianos que fueron sancionados por Canadá, podrían ser los beneficiados con la emisión de los pasaportes.
Dijo que el proceso de privatización de la emisión de pasaportes es nulo de pleno derecho por haber sido realizado, sin cumplir con la auditoría social de factibilidad de implementación de Alianza Publico Privada de acuerdo al párrafo I, del artículo 40 de la Ley 47-20, que consagra que previo al proceso de recepción de iniciativas privadas´.
