El caso de la coordinadora de la Fiscalía de La Vega, quien ha sido vinculada a una red que sustraía vehículos y armas de fuego retenidos como cuerpos de delito, demanda una vez más una exhaustiva depuración de los ministeriales que representan a la sociedad como jueces de la querella. Sea o no culpable del grave delito que le atribuye el Ministerio Público, la detención de Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán es para que se entienda que en la designación de los funcionarios judiciales no puede prevaler el clientelismo político ni las relaciones personales. Además de que periódicamente jueces y fiscales deben ser evaluados por las autoridades. El caso de la magistrada, vinculada a la sustracción de chatarras y armas de fuego para mercadearlas en la calle, es más grave de lo que aparenta. En la supuesta operación intervenían su hermano Aleudy Cabrera Escarramán, Gilberto Manuel Burgos, José Aníbal Abreu y Wilson Rafael Vargas Rosa. Vale recordar que Yuderky Altagracia no es la primera fiscal envuelta en un escándalo que mancha todavía más la imagen del Ministerio Público. El nuevo escándalo es para que las autoridades entiendan la necesidad de una depuración más eficaz de los fiscales.
