Solo a un comunicador recoge pesos, a un funcionario adulón o a un dirigente del PRM se les ocurre resaltar las “grandes virtudes” del señor Macarrulla.

Ese empresario está en ese cargo y es dueño de más de medio gobierno porque canalizó recursos millonarios a la campaña de Luis Abinader, no por otra cosa.

Esa es la razón por la cual no puede ser suspendido, a pesar de estar involucrado en la sobrevaluación de la nueva cárcel La Victoria y en el leonino contrato de San Souci. Ambas operaciones afectan el interés nacional y son más gravosas que las razones por las que se canceló a Kimberly Taveras y a Leonardo Faña, imputados en dos casos que no involucran recursos estatales.

El momento es oportuno para que el presidente de la República, que dice no ser cómplice de ningún funcionario, se dirija a la nación para abordar los escándalos que rodean a Lisandro Macarrulla, pues no se trata de delitos de “difamación e injuria”.

Una de las razones de la aprobación que tiene el Gobierno es la transparencia en la administración pública, la cual puede sufrir deterioro con la obstinación de mantener a Macarrulla en su cargo, el cual se percibe como una sombra. La valoración del gobierno es circunstancial.

Me informan que Macarrulla tiene en carpeta la privatización de empresas estatales, entre las que se mencionan las plantas de Punta Catalina, los acueductos, entre otras. Una alternativa es la conversión a gas de esas plantas, no desprenderse de un bien que sirve para ofrecer un servicio estratégico, como es el eléctrico.

Muchos expresaron sorpresa cuando la ley del INAPA fue modificada para designar a un abogado. Es decir, en el país no había un ingeniero, por lo que se designó exclusivamente a una persona. Parece que tenían razón aquellos que afirmaron que ahí había un “maco”.

A Macarrulla que le paguen los meses de trabajo que él declinó cobrar, abandonando sus empresas para ir al Estado a “sacrificarse”. Privatizar empresas públicas, con las condiciones de San Souci, podría provocar consecuencias impredecibles.