Cara a cara

Al no conciliar, será en los tribunales que se dilucidará la demanda por difamación e injuria interpuesta por el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, contra el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Leonardo Faña. Desde ya el caso, que no es el primero que protagonizan políticos de parcelas opuestas, ha creado muchas expectativas.

Peralta había pedido a Faña que se retractara, pero antes que obtemperar el dirigente político reiteró su acusación de que empresas del funcionario se han beneficiado de una supuesta mafia con los permisos de importación.

Aunque había advertido que contaba con pruebas que avalaban su denuncia, no dejó de llamar la atención el plazo de 60 días que solicitaron los abogados de Faña para documentar el expediente.

Por los actores el componente político del proceso es más que obvio. Pero esa deriva se ha tornado más visible -y hasta suspicaz- con el supuesto acoso oficial y la intervención de su teléfono que denunció el dirigente del PRM. Al igual que otros, el caso manda el mensaje de que los políticos tendrán que hablar con pruebas en las manos para no convertirse en víctimas.