Santo Domingo.- Un grupo de organizaciones comerciales apoyaron las acciones de las autoridades dominicanas, especialmente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA), que “han realizado en los últimos días en la fiscalización y aplicación de régimen de consecuencias a establecimientos comerciales ilegales chinos que se encontraban operando al margen de las disposiciones de la ley”.
Destacaron que, mediante un operativo coordinado, las autoridades llevaron a cabo la clausura de varios establecimientos comerciales que, según las investigaciones, realizaron transacciones bancarias por aproximadamente 4,000 millones de pesos.
Indicaron que esos establecimientos ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos, lo cual constituye un grave perjuicio para las recaudaciones del Estado dominicano.
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La declaración fue emitida por la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), la Asociación Dominicana de Industrias Textiles (ADITEX), la Asociación Dominicana de Importadores Ferreteros (ADOIMFE) y la Asociación Nacional de Importadores (ANI)
Las asociaciones empresariales reiteraron que, si bien este es un paso importante en la lucha contra estas prácticas ilegales, las autoridades deben continuar fiscalizando de manera sistemática los demás comercios que realizan actividades desleales, sobre todo las grandes superficies que han sido establecidas en los últimos años. Las prácticas de estos comercios irregulares están afectando de manera significativa a los consumidores, comercio formal y las recaudaciones del gobierno.
Afirmaron que la competencia justa es un pilar fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de cualquier sociedad. Establecer reglas claras y aplicables a todos los actores comerciales, sin distinción, es esencial para garantizar que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones y que se fomente el crecimiento sostenible de nuestra economía. Asimismo, señalaron que es imperativo garantizar la aplicación rigurosa del régimen de consecuencias contra aquellos que infringen la ley y socavan la integridad del sistema comercial y tributario. La aplicación efectiva de sanciones proporcionales y disuasorias es esencial para mantener la confianza en el Estado de Derecho y para asegurar que todas las empresas cumplan con sus obligaciones legales y contribuyen equitativamente al desarrollo del país.
Los gremios en conjunto instaron a las autoridades competentes a seguir trabajando en estrecha colaboración con el sector empresarial y la sociedad en general, para fortalecer los mecanismos de supervisión y control, y para promover un ambiente de cumplimiento normativo y competencia leal.
