SANTO DOMINGO (AP) – Representantes del gobierno y de la oposición de Venezuela reanudaron el sábado sus negociaciones en Santo Domingo con la meta de suscribir un posible acuerdo de convivencia que sirva como base para buscar soluciones a la crisis política de su país.

“Estamos muy cerca de un acuerdo definitivo de convivencia y paz”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez la madrugada del sábado al término de una reunión maratónica en la cancillería dominicana. Ambas delegaciones volvieron a la mesa del diálogo cerca del mediodía del sábado.

Al encuentro, en el que fungen como mediadores el gobernante dominicano Danilo Medina y el expresidente español José Luis Rodriguez Zapateros, asiste una delegación de la Mesa de la Unidad Democrática, que es un conglomerado de una veintena de partidos políticos de oposición.

Rodríguez confió que el sábado suscribirá un acuerdo primario con los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, con base en los puntos en los que ya ha habido acercamiento. Ni Rodríguez ni los delegados de la oposición han precisado los avances de la negociación, ni los aspectos que incluiría el eventual acuerdo primario de convivencia. Ambas delegaciones se reúnen desde el jueves en la cancillería dominicana en lo que representa la tercera jornada de negociaciones que se iniciaron en diciembre y a la que también asisten los cancilleres de Bolivia, Chile, México, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas en calidad de observadores.

La agenda de negociación está compuesta por seis puntos, entre ellos la demanda de la oposición de que haya garantías para realizar elecciones presidenciales, la apertura de un canal humanitario para llevar alimentos y medicinas a la población y la liberación de dirigentes políticos.

Como parte del diálogo, el gobierno liberó durante el último mes a más de 50 personas que eran consideras por la oposición como presos políticos. El gobierno exige a su vez exige el cese de una supuesta guerra económica, el reconocimiento por parte de la oposición de la Asamblea Constituyente —que funciona desde mediados del 2017 y ha sido criticada por varios países— y el rechazo a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.