También la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se ha unido al reclamo de que se revise el cuestionado concurso impuesto en febrero de este año para la renovación del Ministerio Público. Lo que se dijo desde un primer momento fue que el proceso era un ardid para la Procuraduría General de la República colocar en posiciones claves a fiscales política y personalmente leales. Pese a los cuestionamientos, refrendados por Estados Unidos, el Consejo Superior del Ministerio Público insistió en la reestructuración que ahora varias entidades demandan que se revise. Al sumarse al reclamo de que el proceso se revise, Finjus recordó que 18 fiscales elevaron un recurso bajo el alegato de que sus derechos habían sido afectados. En aras de la transparencia y del respeto al ordenamiento jurídico la revisión debe analizarse, sobre todo si la decisión no persigue, como han alegado las autoridades, fines políticos ni personales. Los muchos cuestionamientos constituirán siempre una sombra o un dejo de sospecha que permeará sobre la imagen de los fiscales favorecidos, todavía sean merecedores de la elección o la promoción.