Santo Domingo.- El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 15 años de prisión a dos hombres, de forma individual, hallados culpables de quitarle la vida a un sargento de la Policía Nacional para despojarlo de su arma de reglamento, en un hecho ocurrido en la autopista 6 de Noviembre, el 12 diciembre del año 2022.
El tribunal presidido por el juez Juan Pablo Ortíz y las juezas Sandra Cruz Rosario y Nelcy Ortega, dictó la sentencia en contra Charlie Santana y Julio Alberto Florentino Pinales por haberle ocasionado la muerte al sargento de la Policía Nacional Juan Javier Brand y despojarlo de su arma de reglamento, acogiendo en todas sus partes la petición del Ministerio Público.
Las fiscales litigantes Franchesca Alcántara y Yudelka Acosta presentaron elementos probatorios ante el Tribunal Colegiado, con los cuales demostraron la responsabilidad penal de los acusados Charlie Santana y Florentino Pinales, por la muerte del sargento Javier Brand.
El expediente acusatorio, instrumentado por el fiscal José Lenin Hernández, señala que la víctima luego de cumplir con sus labores policiales se dedicaba a realizar servicio de taxis, a través de la aplicación digital In Drive, en un vehículo de motor de su propiedad, vía por la cual fue contactado por los acusados, quienes abordaron el vehículo del occiso como pasajeros en las cercanías del aeropuerto El Higüero.
La documentación judicial, también, detalla que los procesados le dispararon a la víctima, y lo despojaron de su arma de reglamento tipo pistola, marca Taurus, calibre nueve milímetros e inmediatamente emprendieron la huida, dejando el cuerpo sin vida del alistado en el interior del vehículo.
El tribunal acogió en su totalidad la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público de esta jurisdicción y condenó a los acusados por violar los artículos 265, 266, 379, 385, 295 y 304, párrafo II del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
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Los procesados deberán cumplir la sentencia condenatoria en el Centro de Privación de Libertad (CPL), en La Victoria.
