El Tribunal Superior Administrativo (TSA) conocía esta mañana una acción de amparo y un recurso contencioso que buscan anular la resolución del Ministerio de Salud Pública que establece la obligatoriedad de la tarjeta de vacunación contra la Covid-19 en centros comerciales y lugares públicos.
Con el recurso incoado por los abogados Cirilo Guzmán y Yoan Carlos Martínez Segura se persigue tutelar derechos fundamentales que han sido conculcados con la decisión gubernamental.
En tanto que con el recurso contencioso interpuesto por el exdiputado Carlos Peña se busca, vía procedimiento administrativo, que se declare nula la resolución de Salud Pública.
“Es importante que la ciudadanía sepa que estamos ante la antesala de la más grave violación de derechos fundamentales que se haya conocido en la historia democrática, donde se violenta la Constitución con un acto administrativo. Eso violenta todo el orden constitucional”, adujo Martínez Segura.
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Consideró que: “Esta no es una lucha contra la vacuna, nosotros somos pro ciencia e invitamos a las personas a vacunarse de manera consciente, pero lo invitamos a rebelarse contra todo intento de manipulación de obligar a la gente a vacunarse de forma coercitiva”.
Cree que el Ministerio de Salud Pública ha violentado la Ley 589-16 sobre Seguridad Alimentaria, la cual prohíbe discriminación para acceder a los supermercados.
Añadió que también viola derechos fundamentales cuando se le impide a alguien no entrar a la escuela sino no presenta la tarjeta de vacunación.
“Esperamos que la justicia dominicana le quite esta presión a la población que se le ha impreso con esta resolución del Ministerio de Salud Pública, que es totalmente inconstitucional. Los que vimos ayer, en el primer día de entrar en vigencia fue una alocada forma de vivir”, dijo Carlos Peña, otro de los accionantes.
Deploró que ayer muchas personas no pudieran llevar sus hijos a las escuelas, hacer transacciones en los bancos y ni siquiera entrar a un hospital porque no tenían la tarjeta de vacunación.
“Aquí se está imponiendo otro estado de emergencia, pero ahora a través de una resolución, lo que hace que esta resolución sea ilegítima”, indicó.
El Ministerio de Salud Pública emitió la resolución número 000048, en virtud de la Ley número 42-01 General de Salud, en la que confirmó epidémico el territorio nacional, y dispuso una serie de medidas para continuar combatiendo el COVID-19 en República Dominicana.
La misma establece, entre otras cosas, que las personas mayores de 12 años deberán presentar un documento de identidad y su tarjeta de vacunación con por lo menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, ambos en original o en copia legible física o digital, a la autoridad pública o privada correspondiente designada para ello.
