El PLD puede entender que intereses políticos se ocultan tras los apresamientos de influyentes exfuncionarios del gobierno de Danilo vinculados a un escándalo de corrupción.

Lo inaceptable son los incidentes protagonizados por peledeístas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en protesta por las detenciones de los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo. Este fue el candidato presidencial en las elecciones de 2020.

Los manifestantes, que coreaban consignas de que “somos peledeístas y no tenemos miedo”, rompieron cristales y la Policía tuvo que responder el vandalismo con bombas lacrimógenas.

La presión, la intimidación y la violencia no son el mejor método para defender a los imputados en la denominada Operación Calamar, el supuesto entramado de corrupción a través del cual se estafó al Estado con alrededor de 19,653 millones de pesos.

La sensatez mostrada por el Comité Político del PLD fue pisoteada por los manifestantes con sus acciones vandálicas.

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En una rueda de prensa el secretario general Charlie Mariotti señaló que corresponde únicamente a la justicia decidir sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, aunque calificó de indignante “la manera oportunista y atropellante” en que se produjeron las detenciones.

La violencia en las manifestaciones no deja de ser una provocación con propósitos que se ignoran.