Las tensiones generadas por la crisis con Haití demandan de las autoridades dominicanas la mayor garantía para la seguridad y respeto de los derechos de los nacionales del vecino país. Fanáticos o algún sector pueden utilizar el conflicto para agredir o atizar más el fuego a través de alguna acción violatoria de las leyes.

El Gobierno no puede permitir que ningún militar ni civil se extralimite ni tome ninguna acción contra haitianos que trabajan y residen pacíficamente en este país. Con la situación que se ha creado cualquiera trataría de utilizarla para ahondar el malestar para sacar algún tipo de provecho, sea político o económico.

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A raíz de la crisis que motivó el cierre de la frontera ha habido sus brotes de resentimiento, no solo de parte de dominicanos, sino de haitianos. Es necesario manejarse con la mayor prudencia para no caer en confrontaciones que complicarían más el panorama. Para cualquier acción indebida están las leyes.

Ante el despliegue de tropas militares en la frontera se tiene que insistir en la necesidad de prevenir cualquier accidente que pueda utilizarse con propósitos malignos. Más aún cuando el Gobierno haitiano, en lugar de buscar una salida real a la crisis, no hace más que emprenderla contra las autoridades dominicanas. El interés de convertirse en víctima es muy manifiesto, por lo que no se descarta que pueda dar lugar a cualquier situación para justificar su descarga contra el Gobierno dominicano.