Santo Domingo-.Tras comprobar la existencia de un entramado societario de corrupción, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que anuló el procedimiento de licitación pública llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Dijo que entre las irregularidades está la existencia de un entramado societario difuso y la presentación de documentación falsa para acreditar experiencia por parte de la empresa adjudicataria que fue desconocida por las empresas supuestamente emisoras, según las resoluciones s RIC-164-2023 y RIC-165-2023.

Entre las irregularidades e inobservancias al debido proceso, la DGCP también destaca que los peritos realizaron evaluaciones técnicas subjetivas y que de forma deliberada tan solo efectuaron validaciones de experiencia de uno de los oferentes participantes.

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Otras irregularidades se constituyen en violaciones a los principios de participación, proporcionalidad, igualdad y libre competencia de la normativa de compras, así como de los principios de racionalidad y debido proceso de la Ley 107-13.

En ese sentido, se comprobó que, al establecer requisitos excesivos y desproporcionados, exigiendo a los potenciales oferentes acreditar experiencia de haber instalado 15 mil controladores y 40 mil intersecciones a nivel mundial, el pliego resultó restrictivo lo que influyó en la baja participación e impidió a los peritos realizar una evaluación objetiva.

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)

En la nueva resolución RIC-168-2023, emitida en respuesta al recurso jerárquico interpuesto por la razón social ESC Group, S.R.L. también se evidencian irregularidades graves en la adjudicación del contrato.

La resolución RIC-168-2023 puede ser consultada de manera íntegra en la sección Marco Legal del portal web institucional de la DGCP www.dgcp.gob.do.

En atención a estas irregularidades, el órgano rector reiteró que el Intrant debe aplicar las sanciones disciplinarias a los funcionarios y servidores públicos que participaron en el referido procedimiento.

Mediante un comunicado, la institución informó que esta resolución también se estará entregando a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) como parte del proceso de investigación que lleva a cabo.