Autoridades municipales, legisladores y representantes de la sociedad civil de la provincia Peravia, con representantes del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, ultimaron los detalles del acuerdo sobre la conversión a gas natural de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que será presentado al Gobierno central.
En el encuentro que se celebró en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Baní, se aprobó a unanimidad el texto de este acuerdo que será discutido con el Ministerio de Energía y Minas y posteriormente refrendado por la Presidencia de la República.
Estuvieron presentes en la reunión el senador Milcíades Franjul, la diputada Mercedes Rodríguez, monseñor Víctor Masalles, obispo de la diócesis de Baní, Josefina Báez, directora del distrito municipal de Carretón, Clevel Pérez, presidente del distrito municipal de Santana y Juandry Herrera, en representación del diputado Julio Fulcar.
También participaron Leónidas Díaz y Carolina Díaz, respectivamente presidente y concejal del Ayuntamiento de Baní, Franklin Ubrí, Virtudes Martínez, Ingrid Paulino, Kelvin Nova y otros.
El acuerdo recoge el consenso que se estableció en el encuentro que se efectuó en el mismo lugar, el 25 de marzo pasado, con la participación de la comisión del Ministerio de Energía y Minas responsable de la licitación para la contratación de empresa internacional que se ocupará de la operación y mantenimiento de Punta Catalina, encabezada por el ingeniero César Sánchez.
La propuesta de acuerdo conviene que las dos plantas de Punta Catalina serán convertidas a gas natural en un plazo no mayor de dos años, y que esta conversión será financiada principalmente por el flujo de caja de esta central, o sea por la venta de la energía de esta central.
Igualmente, se consigna en este proyecto de acuerdo, que las cenizas de carbón depositadas en las proximidades del Batey San José serán trasladas fuera de la provincia, preferiblemente hacia el exterior del país, y completamente saneado el lugar donde han estado arrojadas al aire libre.
Además, el texto contempla reparar e indemnizar por los daños causados por la construcción y la contaminación de Punta Catalina a la salud, al medio ambiente, a los cultivos, a la ganadería y a la pesca comprendidos en un perímetro de veinte kilómetros, incluyendo Nizao, Don Gregorio, Catalina, Santana, Pizarrete, Paya, Carretón y la ciudad de Baní.
Enrique de León