Santo Domingo.- Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (FAPROUASD), y otras instituciones convocaron para este miércoles 30 a las 8: 00 de la noche, un cacerolazo nacional, para exigir la restitución US$72.3 millones de dólares sustraídos ilegalmente a los afiliados por parte de las administradoras de fondos de pensiones AFP.
Durante una rueda de prensa, FAPROUASD junto a la Coalición por la Seguridad Social Digna, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO), hicieron el llamado en el cual también reclaman una transformación de fondo a la Ley de Seguridad Social para garantizar pensiones dignas sin participación de las AFP.
Del mismo modo, las entidades convocantes explicaron que tanto financieramente como jurídicamente, en base a la Ley número. 87-01, es injustificable que hubiese una reducción y pérdida en los fondos de pensiones de los afiliados.
Según explicaron, desde febrero los afiliados tienen US$72.3 millones de dólares menos en sus cuentas de pensiones y para justificarlo frente al público, la AFP usa el truco de determinar la pérdida neta en pesos, restando del aumento del portafolio en pesos la reducción de capital en dólares.
Con esta es una metodología incorrecta y mañosa, dijeron, se intenta ocultar que el stock en dólares cayó en US$72.3 millones, y resulta muy conveniente para justificar y encubrir una pérdida mayúscula por una pésima gestión de la inversión que se les ha confiado mediante la Ley No.87-01.
En ese sentido, señalan que se debe dar una explicación transparente de por qué se dio la caída en el portafolio en dólares y hacia dónde fue. Según explicaron, esos US$72.3 millones NO se recuperarán “cuando la tasa de cambio se deslice” como el comunicado intenta sugerir en su narrativa, sencillamente porque ya no están en el capital, no generarán intereses ni pueden variar favorablemente en pesos si varía la tasa de cambio.
Son dinero perdido para la gente; una pérdida transferida por las AFP a los afiliados, mientras posiblemente ellas presenten ganancias.
Las entidades participantes reiteraron que la Superintendencia de Pensiones ha incumplido su deber de garantizar el derecho fundamental de los afiliados y afiliadas a la información veraz, completa y oportuna, y ha permitido que se incumplan todos los artículos que garantizan a los afiliados su conocimiento de dónde y cómo se invierte su dinero, a garantizar el incremento de sus fondos, a la rentabilidad positiva, y a que existan sanciones a quienes incumplan con estos preceptos legales.
En tal sentido, llamaron a sumarse al Cacerolazo Nacionales y demás convocatorias a movilizaciones, así como hacerse parte de las acciones legales que están en curso para que este hecho no quede impune y se restituyan los fondos que han sido quitados a los afiliados.
