Ya los funcionarios no guardan ni siquiera las apariencias en la galopante acumulación de riquezas provenientes del cohecho, prevaricación o del robo al erario, todo ello posible por la impunidad establecida, que como ariete derriban la moral pública, el presente y futuro de la nación.

Quedó en el pasado, que la movilidad social y económica sea el resultado del esfuerzo personal honesto, usando una y mil formas de corrupción para ese ascenso, que en nuestra realidad es de unos pocos.

Hoy, los políticos que controlan al Estado y dicen representarnos, no usan los puentes institucionales democráticos deseados, sino túneles y accesos invisibles para acumular fortuna personal y familiar.

Su práctica está marcada por una enorme opacidad en la vida institucional, devaluando la política, así como el Congreso, la Justicia, el Ejecutivo, los partidos, organizaciones empresarias, los sindicatos…
La corrupción no se limita a lo moral e ilícito, sino que provoca en las grandes mayorías, desposeídas de toda suerte, mayor pobreza, así como el descenso social y económico de la clase media.

Por lo expuesto, la sociedad se ha ido impregnando de una “cultura de la sospecha”, al observar “el progreso” acelerado de los políticos y nuevos empresarios, que a todas luces han metido la mano a los recursos públicos. Pese a la condena moral y ética de la corrupción, sus beneficiarios han logrado crear en una franja de la sociedad un ambiguo sentimiento de repulsión, no exento de cierta admiración por sus ostensibles resultados.

Así, se condena la transgresión a la honestidad y se crea la “conciencia” que la asocia con la suerte individual; impulsando a correr hacia el ingreso a los círculos donde se la practica y a otros a esperar en la fila.