Tras la agresión de que fue víctima en el canódromo cuando investigaba denuncias de irregularidades en la retención de vehículos, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha pasado a la ofensiva.
Declaró que en el centro que opera la Digesett existe una estructura de corrupción que trasciende a la destituida encargada, la coronel Isabelita de los Santos, además de que se vulneran las leyes en perjuicio de los ciudadanos.
Ahora tiene que investigarse no solo la violencia de agentes de la Digesett, quienes golpearon a las víctimas hasta con un palo de golf, sino la supuesta corrupción que opera con la retención y devolución de vehículos y motores.
Con la agresión los miembros de la Digesett dan a entender que algo se oculta en un establecimiento que según el defensor Pueblo opera sin ningún protocolo.
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El director de la Digesett, Ramón Guzmán Peralta, debe ordenar una investigación, no solo sobre los incidentes, sino sobre la supuesta mafia denunciada por el defensor del Pueblo.
Pero una investigación no solo para engatusar a la población, sino para establecer responsabilidades sobre las irregularidades en el canódromo. A raíz del incidente sale a relucir que los agentes de la Digesett actúan más como un cuerpo represivo en la gestión del tránsito que como una unidad de servicio. Ahora se espera que el escándalo del canódromo no quede en el aire.
