Aunque fuera la gota que colmó la copa, la violencia ejercida en el canódromo contra el defensor del pueblo y periodistas no es el único elemento en torno al cual se tienen que establecer responsabilidades.
Si bien son espantosas las imágenes en que aparecen una periodista sacudida por el cabello por una oficial de la Digesett y otro agente golpeando a un miembro de la comitiva, las denuncias de corrupción en el centro no pueden relegarse.
El propio defensor del pueblo, Pablo Ulloa, quien se querelló contra la coronel Isabelita de los Santos Pérez y los agentes de la Digesett denunció que la corrupción impera en la retención y despacho de vehículos. Tan alarmantes son las denuncias que el obispo Jesús Castro Marte ha solicitado al presidente Luis Abinader desmantelar el canódromo.
El inventario es para que se establezcan responsabilidades sobre las agresiones al defensor del pueblo y a los periodistas, pero también para que se diluciden los casos de corrupción que se han denunciado.
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De la misma manera en que ha actuado sobre otros casos, de esa misma forma la Procuraduría General de la República debe actuar sobre las irregularidades que se han denunciado en el canódromo.
No se trata de si la retención de vehículos es legal o ilegal, sino de la extorsión y los robos de que serían víctimas los propietarios de unidades retenidas en el canódromo.
