La entrada de las dos termoeléctricas de Punta Catalina, a mitad del 2020, con una oferta de 752 megavatios, no solucionaba la crisis que había obligado a los gobiernos a suscribir contratos a cualquier precio para contrarrestar los apagones, pero representaba el mayor adelanto para lograr que ese no fuera uno de los problemas estructurales de la industria eléctrica.

Impactaba directa e indirectamente en el abaratamiento económico y ambiental, porque a pesar de generar a carbón pulverizado, se benefició de una tecnología que colocaba sus emisiones muy por debajo de las altísimas de ese fósil; pero además porque hizo mover a gran parte de las generadoras a gas natural para poder competir en precio.

Por las dificultades que enfrentó el proyecto y todo el estiércol que le arrojó el escándalo de Odebrecht, proyectando esa obra como una operación delictuosa, aunque lo más importante es que las plantas se erigieran, no es menos cierto que con retraso de más de un año, cuando ya la demanda energética exigía, además, otros pasos.

Entre los dimes y diretes que se han obsequiado gobernantes y opositores, a propósito de la tanda de apagones producida porque las Catalinas, y AES Andrés, se fueron de mantenimiento a la vez (inaudito); ha salido a relucir un estudio sobre el mercado eléctrico que una firma argentina preparó para la CDEEE, en 2018, donde se planteaba que para 2021, se requería agregar 600 megavatios de generación térmica, y otro aporte similar para 2022.

El ambiente de polarización y politización, imposibilita que en medio de una campaña, la administración que contra viento y marea llevó a término Punta Catalina, licitara y dejara en construcción los 600 megavatios que debieron adicionarse en 2021, retraso que ahora ha acumulado a la adición que correspondía al 2022.

Ambas licitaciones debieron estar entre las prioridades en los primeros cien días de la actual administración, que, sin embargo apostó a otras prioridades: tratar de eficientizar las Ede creando un consejo unificado para las tres, así como en el proceso de desintegración de la CDEEE.

Esos 1,200 megavatios las autoridades dicen que los están procurando de la manera siguiente: una licitación de emergencia que dijeron fue adjudicada y que debe estar entrando 400 megavatios antes de que finalice este año, lo que sólo es posible con una barcaza; y 800 megavatios a más largo plazo.

El déficit de generación no está dado por el hecho de que no hayan plantas instaladas en el país con capacidad de llenar una demanda pico de 3,200 megavatios, las hay casi para duplicar esa necesidad, pero a costos que ya no son soportables ni en términos económicos ni ambientales.

Es errado que con un pacto eléctrico que traza las pautas a seguir en el sector para no sea un factor de perturbación de la economía y de la vida del país, el debate se politice, en un momento en que hasta los avances se ven amenazados porque uno de los componentes de la guerra en Ucrania es el energético.