El Senado escogió ayer a un nuevo Defensor del Pueblo, cuyo nombramiento recayó en el único de tres candidatos que no exhibió historial partidario, por lo que su escogencia se interpreta como un duro revés para la clase política sobre cuyos exponentes se ha creado la percepción de que son inhábiles para dirigir determinadas instituciones del Estado.
Después de un largo periplo que se prolongó por dos años, la Cámara de Diputados remitió al Senado cinco ternas escogidas entre más de 90 aspirantes, entre las que figuraron Pablo Ulloa, quien resultó seleccionado para el cargo, Henry Merán, con anterior militancia en el Partido Fuerza del Pueblo, y Fidel Santana, en el Frente Amplio.
Aun cuando Merán y Santana argumentaron que no tendrían filiación partidaria, en caso de ser escogidos Defensor del Pueblo, lo que al parecer prevaleció para nombrar a Ulloa fue su proclamada condición de apartidista, además, obviamente, de su currículo profesional.
La doctora Zoila Martínez Guante, ocupa esa posición desde 2013, designada por seis años, por lo que su mandato se prolongó por otros dos años, a causa de las dificultades en la Cámara de Diputados para seleccionar las ternas que enviaría al Senado.
La clase política padece desde hace tiempo una crisis de reputación, agravada por el torrente de denuncias de corrupción, privilegios o dispendio de recursos públicos en dependencias del Gobierno y del Estado, lo que ha motivado el voto de objeción para que políticos dirijan instituciones como Defensoría del Pueblo y Cámara de Cuentas.
A pesar de eso, el electorado vota masivamente cada cuatrienio para escoger o desalojar a líderes y dirigentes políticos que aspiran ocupar la presidencia de la República, curules legislativas, alcaldías o puestos de regidores, señal de que por sus actos los políticos ganan el aprecio o desprecio público.
Los votos son para que el señor Pablo Ulloa y los demás funcionarios seleccionados: Roberto Carlos Quiroz, primer suplente; Miguel Antonio Puello, segundo suplente; Ana Leticia Martich y Darío Antonio Nin, adjuntos, cumplan cabalmente con su obligación de defender los derechos de los ciudadanos ante cualquier despropósito proveniente de poderes públicos o de particulares.
El ejercicio de la política fue definido por el fundador de la República como el más puro y digno, después de la filosofía, pero penosamente la clase política dominicana padece de una severa crisis de reputación, tanto así, que para aspirar a un cargo público, como el de Defensor del Pueblo, se debe ocultar o abjurar que alguna vez se cultivó ese honroso quehacer.
