Las fracturas internas en el Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) no tardaron en hacerse evidentes, como era previsible. La lucha de intereses personales y políticos por encima de la estabilidad del país ha quedado al descubierto.

Lo que se está viviendo en Haití no es una transición pacífica hacia la democracia, sino una competencia por el control de un país sumido en la desesperación, donde los intereses de los poderosos siguen prevaleciendo sobre las necesidades de su pueblo.

La reciente destitución del primer ministro Garry Conille, quien asumió el cargo el pasado 3 de junio, confirma lo que muchos temían: los intereses particulares siguen siendo la principal fuerza que guía el destino de Haití.

Conille fue destituido en medio de graves acusaciones de corrupción, y su reemplazo, Alix Didier Fils-Aimé, un destacado empresario, es un claro reflejo de los intereses que han dominado la política haitiana durante décadas. Fils-Aimé, presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Oeste de Haití (CCIO), no es un desconocido en el panorama político y económico del país.

Su nombramiento envía un mensaje claro: el poder real en Haití sigue en manos de un puñado de empresarios y políticos corruptos que se han beneficiado de la crisis estructural de Haití.

Fils-Aimé representa el triunfo de una élite económica y política que ha gobernado, o más bien des-gobernado, a Haití por años. Mientras tanto, el pueblo haitiano sigue esperando, atrapado en un ciclo de pobreza, violencia y desesperanza, mientras las élites siguen sus propios intereses a expensas de la estabilidad nacional.

El conflicto dentro del CPT alcanzó su punto máximo cuando Garry Conille, en un último intento por limpiar la gestión del gobierno, solicitó la dimisión de tres de sus miembros implicados en un escándalo de corrupción. Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire y Louis Gérald Gilles, quienes en octubre enfrentaron acusaciones de haber solicitado sobornos por un total de 750,000 dólares a un director de banco gubernamental, son la cara visible de una red de corrupción que sigue alimentando la crisis en Haití.

En tanto, la Misión Multinacional de Seguridad (MMS), que llegó a Haití en un intento por frenar la violencia desenfrenada, ha logrado contener solo parcialmente la ola de inseguridad.

Este escenario refleja una triste realidad: mientras el pueblo haitiano sufre, la clase política y empresarial sigue manejando los hilos del poder, con pocos intereses en la construcción de un futuro democrático y sostenible.