Sin arribar aún a un juicio de fondo, el expediente “Operación Medusa”, que implica al ex procurador general Jean Alain Rodríguez, a otras 40 personas y a 22 empresas en un supuesto entramado de corrupción, se convierte en un caso penal sin precedentes, cuyas ramificaciones agotan la capacidad de asombro de la sociedad.
Todos los días, se divulgan en la prensa y en redes sociales historias sobre sobornos, sobrevaluación de obras, bienes muebles e inmuebles no declarados, nombramientos fantasmas, distribución de alimentos dañados en las cárceles y muchas imputaciones más extraídas de un expediente de más de 12 mil páginas.
Parte de esas revelaciones fueron obtenidas por el Ministerio Público de implicados en ese expediente, que se acogieron a la figura de “delatores privilegiados” para negociar su exclusión del expediente a cambio de servir como testigos de la acusación, como sería el caso de Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete de la Procuraduría.
Por su volumen y la gravedad de las acusaciones, el expediente Medusa se ha convertido en una telaraña cuyas redes abarcan a diversos sectores sociales, económicos y políticos, tanto en términos personales como corporativos.
El propio Gobierno ha sido lacerado por esa ventisca judicial al perder a su ministro de la Presidencia, quien solicitó licencia de su cargo en razón de que un hijo suyo y la empresa familiar aparecen involucradas en ese caso.
Las decenas de imputaciones contra Jean Alain Rodríguez y compartes tendrán que ser avaladas por las pruebas que dice poseer el Ministerio Público ante una jurisdicción penal que valorara también el fardo probatorio de descargo que invoquen los encartados.
Nunca antes el órgano acusador había presentado una acusación tan voluminosa y gravosa sobre una persona física a la que implica en un entramado criminal que en términos éticos obstruye venas y arterias de una sociedad que no se recupera del asombro.
El partido que ejerció el Poder cuando se perpetraron esas alegadas anomalías, así como el gobierno actual, salpicado también por casos de prevaricación, deberían reflexionar junto al liderazgo empresarial sobre el daño que la corrupción infringe al tejido social, más aun cuando ahora se entremezclan las figuras del corrupto y el corruptor.
