La ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) arribó a sus 25 años de promulgación y vigencia convertida ya en una legislación añeja que, con altas y bajas, ha cumplido su cometido de enrumbar al país hacia un régimen universal de asistencia en riesgos de salud, laboral y pensional, pero que amerita una revisión y modificación en todos los órdenes.

Al cierre de 2025, las administradoras de fondos de pensiones acumularon RD$1.2 billones de pesos en ahorro individual de más de cinco millones de trabajadores afiliados, incluidos más de 766 mil millones en rentabilidad de las inversiones.

La parte todavía negativa del sistema de capitalización individual sería que dentro de cinco años cuando se inicie la entrega de pensiones a trabajadores que hayan cotizado al menos durante 30 años, la pensión oscilaría entre un 25 % a un 35 % de su último salario.

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Se pone de ejemplo que si al momento de su retiro, el empleado devengaba 50,000 pesos mensual, su pensión estaría entre RD$12,500 y RD$17,500 mensuales, lo que resulta insuficiente para sobrellevar gastos esenciales, por lo que se requiere una urgente revisión y adecuación del sistema pensional.

Mas grave aun resulta que al menos el 52 % de la población económicamente activa desempeña empleos informales, por lo que quedan excluidos del sistema de ahorro o capitalización individual y, por tanto, con los años no podrían obtener una pensión digna.

Un escenario similar de incertidumbre se presenta en el universo de las administradoras de riesgos de salud, médicos y los centros hospitalarios, que dicen confrontar dificultades para financiar los servicios médicos que requieren los más de diez millones de afiliados a los tres regímenes del Seguro Familiar de Salud.

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El 65 % de los afiliados corresponden al régimen subsidiado con cobertura mínima financiada por el Estado a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa); el 32 % pertenece al régimen contributivo que aglutina a 3, 486,998, empleados formales, regenteados por ARS privadas y un 18 % al contributivo subsidiado.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda que el nivel de pensiones se sitúe entre un 50 % a un 60 % del último salario devengado por el pensionado, pero aquí oscilaría entre un 25 % a un 30 %, lo que fomentaría la pobreza. El Sistema de Seguridad Social requiere ser revisado y modificado de pies a cabeza.