El presidente Luis Abinader emitió ayer un decreto que dispone un conjunto de medidas arancelarias para proteger la producción nacional de arroz ante la entrada en vigencia en 2025 de la parte del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta) que permitiría la importación del cereal con aranceles cero.

La medida presidencial establece un arancel del 20 % ad valorem a partidas específicas de arroz, dentro del contingente de la Organización Mundial del Comercio (OMC), mientras fuera de esa figura se impondrá un arancel del 99 % sobre ad valorem.

Productores arroceros han advertido que no podrían competir con el ingreso al mercado local de importaciones de arreoz libres de aranceles procedentes de Estados Unidos, como lo establece el DR-Cafta, lo que representa un grave riesgo alimentario para República Dominicana.

Ante la dificultad de revisar ese tratado, el Gobierno recurrirá a la figura técnica que ofrece la OMC de “nación más favorecida (NMF)”, en virtud de la cual aplicará una cuota preferencial de sólo 23 mil toneladas métricas al ingreso al país de arroz originario de Estados Unidos con arancel cero. Fuera de esa cuota el arancel será del 99 por ciento.

El decreto 693-24 también fija un arancel del 99 % a las importaciones de arroz procedentes de Nicaragua bajo el mismo régimen de NMF, aunque se especifica que el anunciado régimen arancelario estará vigente hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria recomiende lo contrario.

Es previsible que productores de Estados Unidos y Centroamérica objeten la decisión dominicana de salvaguardar la producción arrocera local, pero en el peor de los casos obligaría a una revisión del Tratado DR-Cafta o a la intervención en rol de árbitro de la Organización Mundial del Comercio.

El cultivo de arroz, originario de China desde hace mas de cinco mil años, fue introducido en la Hispaniola por los españoles en 1512, constituido hoy en el principal alimento de los dominicanos y su industria en la mayor fuente de empleo al involucrar a mas de 300 mil personas de manera directa e indirecta.

El Gobierno está compelido a reclamar ante Estados Unidos y la OMC debida protección y salvaguarda a la producción arrocera nacional por tratarse de un producto estratégico vinculado con la garantía de alimentación, desarrollo de la economía y consolidación de la gobernanza. Es asunto de vida o muerte.