Al revocar la modificación de los límites mínimos de cobertura y tarifas de seguro obligatorio para vehículos de motor que había dispuesto, tal parece que la Superintendencia de Seguros no calculó el alcance ni el impacto de la decisión.

El organismo se ampara en la transparencia para iniciar un proceso de consulta pública ampliada durante un periodo de seis meses con el objetivo de garantizar una participación efectiva de todos los sectores impactados con el aumento de la tarifa.

El superintendente Julio César Valentín Jiminián califica la suspensión del ajuste como “un paso hacia adelante en el fortalecimiento del proceso regulatorio”.

Después del aparente desliz en que incurrió la Superintendencia de Seguros con las resoluciones 05 y 07-2025, el funcionario aduce que en lugar de imponer una norma prefiere construirla junto a los sectores que representa y protege.

Gremios del transporte, aseguradoras, organizaciones de consumidores, abogados, académicos y todos los sectores dice Valentín Jiminián que serán consultados en el proceso que iniciará. El evidente desliz con la decisión unilateral debe servirle de experiencia frente a medidas conflictivas.