No dejan de ser una advertencia las consideraciones de la empresaria Ligia Bonetti sobre la necesidad de la reforma fiscal planteada por funcionarios gubernamentales para incrementar la captación de recursos para enfrentar las desigualdades sociales: el dado no se puede cargar al empresariado.

Pero tampoco a los consumidores. La presidenta del Grupo SID no rechaza una regulación fiscal, pero la condiciona a que sea justa y favorezca el desarrollo de las empresas.

El gran dilema está en que cuando por aquí se habla de reforma de inmediato se piensa que el principal objetivo, como ha sido la tradición, que es incrementar el gasto.

La viceministra de Economía y Planificación, Rosa Cañete, planteó hace unos días la necesidad de una reforma para disponer de más recursos con que afrontar las desigualdades y la pobreza.

El tema es todavía más espinoso porque en lugar de más impuestos amplios sectores favorecen recuperar los miles de millones de pesos que dicen las propias autoridades han sido sustraídos por la corrupción. Bonetti entiende que se debe contar con una regulación fiscal que sea justa y equitativa.

Comprende que no toda la carga se debe dejar a los gobiernos, habida cuenta de que el sector empresarial tiene un papel que desempeñar en beneficio del desarrollo.

Pero es partidaria de que en un contexto como el actual se adopten las políticas necesarias para rodear las empresas de un entorno favorable para crecer, desarrollarse, competir y expandirse.