El auge de la delincuencia cibernética y los llamados delitos electrónicos es de tal magnitud en República Dominicana que llega a mover más dinero que el narcotráfico, algo que las autoridades consideran de dimensión extraordinaria.
Y contrario al narcotráfico y sus delitos derivados como el lavado de activos y los homicidios asociados, el robo de identidad, la extorsión y otras formas de delito electrónico generan pocas acciones en el ámbito de la Justicia.
Otra situación que convierte el delito electrónico en negocio altamente lucrativo es la falta de seguimiento que dan las víctimas debido a una serie de dificultades y situaciones personales que prácticamente atan de manos a las autoridades judiciales.
Las estadísticas que maneja la Fiscalía del Distrito Nacional, varios delitos electrónicos tienen una baja judicialización y carecen de condenas, por la poca atención que los ciudadanos prestan a los casos.
Y no es por falta de instrumentos legales ni por desidia de las autoridades, ya que en ambos casos se cuentan con los instrumentos legales apropiados y las instancias correspondientes tienen la decisión de enfrentar el problema.
En ese sentido, la República Dominicana cuenta con una legislación avanzada que contempla sanciones para todas las modalidades de delincuencia cibernética, aunque los fiscales y jueces se encuentran a veces impedidos de avanzar hacia la aplicación de condenas, por lo que muchos de esos delitos quedan impunes o son transados por las víctimas para evitar situaciones complejas en lo personal.
Al respecto, la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología abarca el más mínimo resquicio por donde se pudieran colocar los delincuentes que incursionan en las distintas modalidades de violaciones a dicha legislación.
La ley, que data de 14 años, contiene la siguiente definición para el caso:
“Delito de Alta Tecnología: Aquellas conductas atentatorias a los bienes jurídicos protegidos por la Constitución, las leyes, decretos, reglamentos y resoluciones relacionadas con los sistemas de información. Se entenderán comprendidos dentro de esta definición los delitos electrónicos, informáticos, telemáticos, cibernéticos y de telecomunicaciones”.
En su artículo 1 sostiene: “La presente ley tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información y comunicación y su contenido, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra éstos o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías en perjuicio de personas física o morales, en los términos previstos en esta ley.
La integridad de los sistemas de información y sus componentes, la información o los datos, que se almacenan o transmiten a través de éstos, las transacciones y acuerdos comerciales o de cualquiera otra índole que se llevan a cabo por su medio y la confidencialidad de éstos, son todos bienes jurídicos protegidos”.
Muro en la Justicia
Entrevista acerca de estos delitos de última generación, la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, tiene la explicación a parte del fenómeno que genera la falta de condenas contra los delincuentes cibernéticos.
“La judicialización de los delitos electrónicos es tan baja, porque cuando tiene que ver con un tema económico, las personas pierden interés en el entendido de que, al haber perdido dinero en la transacción que han realizado, seguir acudiendo a la Fiscalía representa seguir incurriendo en mayores gastos”, explica.
Señala que los afectados, cuando son trabajadores dependientes, tienen que obtener permisos a sus empleadores para poder darle seguimiento a su caso y lograr que avancen.
Y algo más dramático detalla la magistrada Ramos: “En el caso específico de la extorsión donde está involucrado el uso de fotografías que tienen que ver con partes íntimas, las personas prefieren conciliar y no judicializar para mantener en secreto lo ocurrido”.
Su recomendación es que sean denunciados los casos “porque queremos elevar la judicialización de los mismos, toda vez que lo que hace lucrativos los delitos electrónicos es la falta de interés de la parte afectada de que se haga de conocimiento público”.
Alerta que al no judicializarse los casos no hay registro a nivel de la justicia ni hay condenas de esas personas, que se siguen lucrando de ese delito porque no tienen una consecuencia. La idea es, aunque sea un sacrificio, se le dé seguimiento.
“Es un sacrificio”, sostiene la fiscal “toda vez que hablar sido víctima y que una foto íntima esté en poder de un tercero, no es una situación fácil. Pero no podemos ponérsela cómoda a las personas que incurren en este tipo de delitos, porque es por ello que continúan haciéndolo y se lucran muchísimo de ese delito”.
Las estadísticas
Según las estadísticas, el pasado año 2020 se siguieron los casos de 998 víctimas, de los cuales el 53% correspondió a mujeres.
De estos casos judicializados, el 33% de los imputados fueron a prisión; 27% presentación periódica; 20% impedimento de salida del país, y 20% salió en libertad con garantía económica.
Conforme los datos registrados en el primero trimestre de este año, la Fiscalía del DN registró el ingreso de 329 casos de delincuencia cibernética, para un promedio mensual de 110 casos. Esto es una baja de 23% en relación al primer trimestre del 2020.
El informe señala que el 8% de los casos trabajados tuvieron alguna decisión. De estos casos se destaca que el 24% fue declinado y el 72% archivado de manera definitiva.
Modalidad de delito
En las estadísticas recopiladas por el departamento correspondiente de la Fiscalía del DN, sobresale el delito de alta tecnología con 43% de los 600 casos de delincuencia cibernética que fueron procesados.
Le siguen la estafas vía red con un 10.68%; el robo de identidad figura con un 6.18%; el chantaje recibió un 5.56%; difamación 9.02%; acceso ilícito, 3.84; clonación de tarjetas, 2.67 y la transferencia ilícita de fondos, 2.51%. Otros delitos están en sólo 2%.
José antonio torres
josetorres60@hotmail.com
