El defensor del Pueblo pone sobre el tapete una conmovedora realidad al denunciar que el de la salud es el derecho más vulnerado en el país. Al dar la voz de alerta se intuye que Pablo Ulloa carece de mecanismos para que se eliminen los cobros indebidos a los pacientes, las dificultades para acceder a medicamentos de alto costo y para corregir lo que definió como fallas en el sistema de pensiones.

Un panorama complejo cuando la autoridad, aunque su ejercicio no sea vinculante, lo más que puede es exponer violaciones o injusticias. Al menos en casos como el derecho de la salud. Si en lo que va de año el Defensor del Pueblo ha atendido más de 3,200 casos, que en otros tiempos se han elevado hasta 14 mil en un año, es obvio que se necesitan otras acciones para enfrentar las violaciones.

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Casi desde el principio se han venido denunciado los cobros indebidos y el precario acceso de los pacientes a los servicios básicos, pero por las declaraciones del defensor del Pueblo no ha habido forma de corregir las irregularidades. Ulloa dice que hay cobros por ingreso, cobros por muerte, porque los cadáveres se cobran para salir.