La magnitud del desastre causado por las intensas lluvias del viernes sobre el Gran Santo Domingo se mide por los ocho muertos reportados y por los centenares de familias, cuyas viviendas resultaron dañadas o que perdieron sus ajuares, así como las personas cuyos vehículos quedaron inhabilitados bajo agua.

Gran pesar causó el hallazgo en el río Isabela, de los restos de Luisinky Mojica y José Antonio Batista, quienes habían sido declarados como desaparecidos después de ser arrastrados por las aguas de una cañada que intentaron cruzar en medio del aguacero.

No ayuda en nada a los damnificados de esa catástrofe, la estéril discusión que amenizan funcionarios y dirigentes políticos de oposición en torno a quien habría sido primero, si el huevo o la gallina.

Se requiere con urgencia restablecer el ánimo de tanta gente sumida hoy en el desaliento porque han perdido lo poco o mucho que tenían.

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Las pérdidas de vidas humanas constituyen una desgracia irreparable, pero las autoridades tienen el deber de acompañar a sus deudos en momentos tan difíciles.

Lo deseable sería que en vez de alimentar un debate sobre responsabilidad social y política por lo ocurrido, el Gobierno se convierta en agente proactivo en la mitigación de los daños causados por el súbito temporal, con la reparación rápida de viviendas, distribución de enseres, como lavadoras y estufas, así como alimentos a través del Plan Social de la Presidencia y del Inespre.