Miguel Valero, abogado de Víctor Díaz Rúa, expone esta mañana ante el juez Francisco Ortega Polanco, en el juicio de Odebrecht.
SANTO DOMINGO.- La defensa del ex ministro de Obras Pública Víctor Díaz Rúa emplazó hoy a la Procuraduría General de la República a decirle al país quienes fueron los que recibieron los 92 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht confesó haber pagado a funcionarios y legisladores a cambio de asignaciones de obras del Estado.
Al exponer ante el juez Francisco Ortega Polanco en su primer día de cinco que tiene para contestar la acusación, Miguel Valerio, abogado de Díaz Rúa, dijo que Odebrecht es una empresa corrupta que ha pagado a cambio de seguir trabajando en los países en donde ha admitido que ha sobornado.
El Ministerio Público acusa a Díaz Rúa de haber introducido al sistema bancario 35 mil millones de pesos fruto de los sobornos de Odebrecht.
Valerio dijo que la acusación que hace el Ministerio Público a Díaz Rúa es falsa, incoherente y carente de la verdad, porque no dice quienes fueron los sobornados.
Precisó que el acuerdo que hizo la Procuraduría General de la República con Odebrecht no dice en ninguna de sus páginas que el ingeniero Díaz Rúa recibió dinero por concepto de sobornos.
Manifestó que la acusación carece de motivación y no dice la verdad, por lo que, a su entender, no hay forma de que el juez Ortega Polanco envíe a Díaz Rúa a un juicio de fondo.
“Odebrecht es una empresa corrupta que lo que ha hecho es pagar para salvarse el cuello”, le observó Valerio al juez Ortega Polanco, durante el primer día de la exposición como parte del derecho a réplica a la acusación.
En el expediente, la Procuraduría afirma que Díaz Rúa introdujo al sistema bancario la exorbitante suma de RD$35 mil millones de pesos, fruto de actividades ilícitas, lavado de activos y cobro de sobornos a Odebrecht.
Por los ilícitos señalados, el exfuncionario y dirigente del PLD es imputado como uno de los principales responsables del caso de corrupción más grande de la República Dominicana de los últimos años.
“El imputado Víctor José Díaz Rúa incurrió en el delito de lavado de activos, conducta típica que realizó al convertir, transferir, ocultar y encubrir el dinero producto de los actos ilícitos constitutivos de soborno y enriquecimiento ilícito cometidos contra el Estado dominicano”, dice el expediente.
Señala el citado expediente que para colocar los recursos ilícitos en el sistema financiero nacional, Díaz Rúa utilizó una serie de maniobras que incluyen operaciones bancarias y comerciales, además de la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Resalta, además, que todas esas maniobras las ejecutó Día Rúa con la colaboración de familiares, amigos y personas cercanas y todo un entramado societario “para tratar de dar apariencia de legitimidad al dinero ilícito que al granel obtenía como consecuencia de las acciones delictuales que cometía contra el Estado Dominicano”.
El Ministerio Público afirma en su expediente, que para acumular y mover todo ese dinero, Díaz Rúa contó con la participación de su abogado personal, el también imputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, y su yerno y testaferro José Leonardo Guzmán Front-Bernard, quien está siendo utilizado por el Ministerio Público solo como testigo.
Las empresas utilizadas por la denominada por el Ministerio Público como “asociación mafiosa” fueron Newport Consulting LTD, Merkel Investment, Radiodifusora Sky Land, Inversiones Monttoba, Indoequipesa, Díaz Rúa y Asociados, Albox, Myknos Administration y Oriental Sidewalk, las cuales sirvieron de plataforma para adquirir cuentas y otros productos bancarios, en los cuales se colocaron millonarias sumas de dinero.
Otra de las maniobras identificadas por el Ministerio Público es que teniendo dinero en sus cuentas bancarias y en certificados financieros producto de los favores hechos a Odebrecht, Díaz Rúa solicitaba a la banca formal un sinnúmero de préstamos que luego pagaba con asombrosa rapidez.
Según las evidencias presentadas, la mayoría de los productos financieros fueron obtenidos luego del 2004 cuando el imputado inicia su gestión en INAPA o a partir del 2008 cuando inició su gestión en la entonces Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, ambas funciones durante los gobiernos de Leonel Fernández, de 2004 a 2012.
Según el expediente, Díaz Rúa hizo “magia” con el dinero, en vista de que ganó 2.8 millones de pesos de salario como funcionario, pero aumentó su patrimonio en más de 400 millones.
