La directora general de la Administradora de Subsidio Sociales (ADESS) del gobierno, Digna Reynoso, afirmó que hasta el momento no se ha determinado que hayan empleados de la institución que estén involucrados en el fraude con la tarjeta Supérate.

En ese sentido la funcionaria informó que solicitó ayer al senador de la Fuerza del Pueblo , Dionis Sánchez, suministrar los nombres de los empleados que alegadamente estarían involucrados en los hechos, según la denuncia que hizo.

Informó que se está haciendo un levantamiento para determinar cómo se cometió el fraude y donde estuvo la debilidad del sistema.

“Ayer le pedí a mi amigo Dionis que por favor que diera a conocer los nombres porque ayudaría a la investigación, porque nosotros lo desconocemos”, informó.

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Agregó que”no tengo conocimiento que exista algún empleado y si existiera alguno debe cargar con las consecuencias, mi papel, el papel del gabinete de política social fue ponerlo en la mano de la justicia para que ellos sean los que se encarguen de hacer las indagatorias de lugar”.

Reynoso fue entrevistada previo a su participación en el panel “Invasión a Ucrania: Impacto en República Dominicana”, que se realizó en el Salón de la Asamblea Nacional.

Informó que actualmente trabajan para darle la mayor seguridad a la tarjeta “Supérate”.

“Ya desde antes se estaba trabajando con relación a lo que pudiera ser un mecanismo coercitivo para evitar lo que se dio, los que usamos tarjeta de banda somos nosotros, de hecho estamos haciendo una socialización para habilitar una tarjeta con chip, previendo la situación de los fondos y segundo para habilitarle a los beneficiarios la medicina y el transporte”, sostuvo.

La consultora jurídica de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), Solange Rodríguez, asegura que esa entidad ha presentado denuncias formales contra 56 colmados por esos fraudes.

Más de RD$100 millones corresponderían a la estafa realizada en febrero pasado que afectó a unos 30,000 beneficiarios y por el que al menos a seis personas se le solicitó medida de coerción por parte de la Fiscalía de Santo Domingo Este.