Las defensas de los imputados Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga pidieron este jueves al Primer Tribunal Colegiado declarar vencida la orden judicial dictada por el juez Alejandro Vargas, que dispuso solicitarle a la Superintendencia de Bancos las informaciones relativas a sus cuentas bancarias para utilizarlas en el caso Odebrect.
Los abogados de ambos acusados consideran que los informes financieros que ofreció la Superintendencia de Bancos no tienen ningún valor, debido a que fueron ofrecidos en base a una orden judicial que estaba caducada.
La audiencia se desarrollaba esta mañana en un ambiente de tensión, caracterizado por airadas discusiones de parte de las barras de los imputados.
Las discusiones, incluso, rallaron en el irrespeto al Tribunal, a decir de la presidenta de la corte, Jessel Méndez, quien le advirtió a la barra de Pittaluga que ella tenía el control de la Policía Judicial.
Dijo que la defensa de Pittaluga le faltó el respeto, al hablar sobre su palabra, sin tomar en cuenta que es la presidenta del tribunal y como consecuencia de la Policía Judicial.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continuó este jueves escuchando a la testigo Jessel del Carmen Paulino Cáceres, en la continuación del juicio seguido a los acusados de los sobornos de Odebrect.
Paulino Cáceres confirmó al tribunal que fue designada como perito contable para elaborar los informes financieros de las empresas del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.
La defensa de Díaz Rúa pidió que se excluyera el informe financiero, alegando que cuando el Ministerio Público realizó las diligencias para la obtención de información financiera ante la Superintendencia de Bancos, las certificaciones utilizadas estaban vencidas.
