Crece el caudal de descontento por la forma definida como antidemocrática en la escogencia de candidatos a puestos electivos para las elecciones municipales en partidos mayoritarios y emergentes o minoritarios, cuyas dirigencias incurren en discriminación o privilegios en la distribución de nominaciones.

No se conoce otra temporada de zafra electoral en la que se haya inscrito más de 12 mil aspirantes a puestos de alcaldes, regidores, directores y vocales municipales, lo que en principio ha sido interpretado como muestra de ferviente confianza en la democracia.

Los partidos reservaron lotes de candidaturas para ser canjeadas en alianzas electorales y la mayoría escogió la aplicación de encuestas como método para seleccionar a los candidatos, pero no se conoce de ningún reglamento que garantice aun sea un mínimo de calidad y transparencia de esos escrutinios.

En el marco de posibles alianzas de cara a los comicios municipales, se supone que las organizaciones concertantes dispondrían de aspirantes con elevados perfiles en simpatía y adhesión, así como de incuestionable conducta ética y nivel de competencia.

Lo que aparenta ocurrir en el proceso de escogencia de candidatos ha sido una cruenta pugna entre tendencias extrapartidarias que reclaman cuotas de cargos para sus parcelas, en una especie de piñata en la que no participan aspirantes que no sean señalados por los jefes de tribus.

Aun cuando la ley electoral fija cuota de participación en la boleta partidaria, sostenido en el principio constitucional de igualdad de género, en ese canibalismo electoral, las mujeres sufren de mayor discriminación, tanto así que la inmensa mayoría de los voceros mediáticos partidarios son hombres.

Igual ocurre con el proceso de escogencia de candidatos a senadores y diputados, en el que líderes o dueños de partidos ceden nominaciones en una demarcación a cambio de respaldo a candidaturas en otras comarcas o activan el dedo índice para seleccionar al que mejor les plazca.

Los partidos políticos deberían entender que son correa y dínamo de la democracia, por lo que están compelidos a garantizar transparencia y respeto a los derechos de todos los miembros que formalizan aspiraciones a cargos electivos, que lo que se alcanza a través de procesos internos diáfanos y no con montajes de farsas electorales.