El abogado del empresario y exministro de Hacienda, Donald Guerrero, Eduardo Núñez, explicó que desde el año 2021 su cliente notificaba por escrito a la Procuraduría General de la República (PGR) cada una de sus entradas y salidas del país de manera voluntaria, detallada y con anticipación, para demostrar su actitud de colaboración con la investigación.
El jurista dijo que desde que Guerrero tuvo conocimiento de que era objeto de una investigación por parte de la Procuraduría, decidió “de manera diligente y por iniciativa propia notificar sus movimientos migratorios, tal como demuestran las comunicaciones oficiales dirigidas a la Procuraduría General de la República y la Certificación para Fines Judiciales emitida por la Dirección General de Migración”.
El jurista manifestó que un hecho que comprueba el compromiso de Donald Guerrero con la investigación es la solicitud de acceso a la carpeta fiscal que realizó el exministro en el año 2022.
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El jurista refirió que la misma procuradora Miriam Germán reconoció mediante una carta que esto era un derecho constitucional e instruyó a que se le entregara, pero que, sin embargo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) incumplió.
Añadió que una persona que piensa sustraerse de la investigación “no muestra interés en esta, ni tampoco notifica rigurosamente cada uno de sus movimientos”.
Detalló que la prisión preventiva es una medida de coerción extrema, “para una persona que por un período superior a dos años y que a pesar de haber enfrentado actos coercitivos en la forma de impedimentos de salida y saberse investigado, ha comparecido cuantas veces fue citado, sin mencionar que contó con más de 50 oportunidades de quedarse fuera del país y no lo hizo”.
“De acuerdo con el artículo 234 del Código Procesal Penal, se debe proceder a su aplicación cuando las demás medidas cautelares fueren insuficientes para asegurar los objetivos del procedimiento penal”, afirmó.
Colaboración
Núñez precisó que, además, Guerrero “aportó numerosas pruebas a la investigación y no intentó obstaculizarla en forma alguna; consecutivamente, durante los años 2021, 2022 y 2023, Guerrero envió comunicaciones con las fechas de entrada y salida, así como los motivos de cada viaje a la Procuraduría General de la República”.
“Este accionar se ajusta a lo que ha sido el proceder respetuoso, transparente y de colaboración del señor Guerrero frente a la Procuraduría General”, afirmó.
