La procuradora Yeni Berenice Reynoso, para reforzar el apremio corporal contra el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, había declaro que durante el allanamiento a su residencia se encontraron documentos confidenciales (o algo así) de la investigación que se realizaba sobre su alegada participación en el desfalco al Estado por más de 19,600 millones de pesos. Aunque estaba al tanto de la pesquisa, de acuerdo a Reynoso, Peralta, sin embargo, no tomó las de Villadiego para evadir la justicia. Permaneció en su vivienda, donde fue aprehendido por la Policía.
El caso del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, es más o menos parecido al de Peralta. Citado para interrogarlo en múltiples ocasiones nunca dejó de acudir a los llamados. No lo hizo ni siquiera estando alertado de los comentarios de que en cualquier momento sería apresado por su responsabilidad en un desfalco que un primer momento se decía que ascendía a más de 15 mil millones de pesos. A la hora de detenerlo a Guerrero lo encontraron en su residencia. A él tampoco se le ocurrió ninguna triquiñuela para evadir la acción de la justicia.
Con 14 de los 20 imputados en el supuesto entramado de corrupción que se han declarado culpables es obvio que Peralta y Guerrero no las tienen todas consigo. Esos delatores, para salvar el pellejo, buscarán todos los medios para probar la responsabilidad de los dos en las alegadas operaciones ilícitas que cita la Pepca (Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa).
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Tras el caso Odebrecht, donde Ángel Rondón fue condenado por sobornador sin que aparecieran los sobornados, no debería sorprenderme la sentencia de la juez Kenya Romero de enviar solo a la cárcel por 18 meses a dos de los imputados de la operación Calamar, quienes en ningún momento, por más, obstruyeron la investigación ni dieron muestras de evadir a la justicia. Todo lo contrario, Peralta y Guerrero se mostraron siempre dispuestos a cooperar, aunque declarándose inocentes de las acusaciones.
La excepción con Peralta y Guerrero plantea, desde mi punto de vista, muchas conjeturas. Por su comportamiento debieron ser enviados, a lo sumo, a prisión domiciliaria, con garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, como se hizo con Gonzalo Castillo y los demás involucrados en el escándalo.
La juez Romero, que no se sabe si actuó por presión, para congraciarse con algún sector influyente o bajo cualquier otro criterio, da a entender con su decisión que los exfuncionarios son dos tipos peligrosos, que por cuestiones de seguridad es preferible que estén tras las rejas y no en su casa. Es lo extraño, porque no es lo que han demostrado.